Padres o Nones.

¡La Policía viene a por mi ordenador!

El caso de la niña finlandesa, a quien la policía le incautó su notebook de Winnie the Pooh tras detectar descargas de canciones, ha desatado las protestas. ¿Podría darse esta situación en España?

 

La historia comenzó en Finlandia  cuando una  niña de nueve años intentó descargarse ilegalmente en internet el disco de su artista favorita. Aunque, no lo consiguió porque la descarga no se completó y terminó comprando legalmente la música en una tienda, la CIAPC (Copyright Information and Anti-Piracy Centre) tomó cartas en el asunto. Enviaron una carta a la familia demandando una indemnización de 600 euros para no derivar el caso a los tribunales. La policía, con el fin de incautar la prueba, se presentó en casa de la menor para requisar su notebook de Winnie the Pooh.


Más allá del juicio de valor sobre la moralidad de la actuación y otro tipo de críticas sociales, es preciso decir que esta situación es plenamente legal, ya que la ley finlandesa permite la identificación de los datos de los usuarios que realizan descargas ilegales en internet.

 

¿PODRÍA DARSE ESTA SITUACIÓN EN ESPAÑA?

 

La respuesta no es concluyente.

 

Las leyes que regulan estos hechos son las de la sociedad de la información, las de la propiedad intelectual y las de protección de datos de carácter personal. En este sentido, España sigue las directrices marcadas por el Tribunal de la Unión Europea, que ha declarado que la protección de los derechos de autor y propiedad intelectual no puede ir en perjuicio de las exigencias relativas a la protección de los datos personales cuando se trata de un procedimiento civil.

 

Dicho de otro modo, los datos de los usuarios de internet podrán ser revelados por las operadoras de telecomunicaciones para proteger la seguridad nacional, la seguridad pública, o para la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos pero no para resolver cuestiones civiles.


Ahora bien, aunque el derecho de la Unión Europea no obliga a los Estados miembros a imponer el deber de comunicar datos personales con objeto de garantizar la protección de los derechos de autor, si deja un cierto margen para que los estados comunitarios procuren garantizar un justo equilibrio entre los distintos derechos protegidos: el de propiedad y el de privacidad.

 

De forma que si bien no obliga a que los datos de usuarios infractores sean revelados en un procedimiento civil, tampoco excluye la posibilidad de que los Estados miembros impongan tal deber (en un margo de proporcionalidad y equilibrio) como el caso de la descarga ilegal de la menor de 9 años de Finlandia.

 

¿QUÉ DEBEMOS HACER?

 

La posibilidad de un cambio normativo en España aunque en la actualidad no está prevista, sí podría darse. Pero en cualquier caso, el problema va más allá de lo legal.

 

Los padres deben contemplar este tipo de cuestiones y varios juzgados en nuestro país ya han dejado bien claro que es su responsabilidad educar a sus hijos en el "correcto uso de las nuevas tecnologías" y "prevenir el uso inadecuado de las mismas", sin perder de vista que además, los progenitores serán responsables solidarios junto con ellos.

 

Así, hacen responsables a los padres de la trasgresión del deber de vigilancia, recordando que la educación también comprende la formación del menor en la tolerancia y respeto de los derechos individuales y propiedad de los demás, siendo inadecuadas tanto la dejadez en este tipo de educación, como las actitudes de protección y de justificación de la conducta del menor.

 

¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?

 

Educar y concienciar al menor en el uso de las tecnologías y el respeto a la legalidad vigente y hacer bien “los deberes”. Antes de llevar a cabo la descarga de un contenido en internet, verificar con el menor si cumple el régimen de derechos de propiedad existente y declarado por el autor o titular de los derechos de la obra, y respetarlo.

 

POR ANA MARZO
Abogada experta en nuevas tecnologías y
socia fundadora de Equipo Marzo

 

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